Hace pocos días Donald Trump fue oficialmente designado como candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales en EEUU. En su discurso de aceptación frente a la convención nacional republicana, el siempre polémico Trump dijo: "En este momento, quisiera agradecer a la comunidad evangelical que ha sido tan buena conmigo y me ha apoyado tanto. Uds. tienen mucho para contribuir a nuestra política, y sin embargo nuestras leyes les impiden decir lo que lo piensan desde sus propios púlpitos. Una enmienda legislativa, promovida por Lyndon Johnson, muchos años atrás, amenaza a las instituciones religiosas con la pérdida de sus exenciones impositivas si abogan abiertamente por su punto de vista político. Yo voy a trabajar muy fuerte para derogar esas palabras, y proteger la libertad de expresión de todos los estadounidenses".
Las palabras de Trump resonaron fuerte en los ámbitos religiosos, y especialmente en aquellos interesados en las relaciones del Estado con la religión. Por más de 60 años, la legislación estadounidense ha establecido la prohibición de apoyar (o atacar) a los candidatos electorales desde los púlpitos de las iglesias, so pena de perder el estatus de entidades exentas de pagar ciertos impuestos. Como señaló Trump en su discurso, la legislación fue propuesta por Lyndon Johnson en 1954, según algunos para contener a los sectores McCarthystas durante el frenesí anticomunista.
Sin embargo, otros 33 tipos de organizaciones exentas de impuestos (tal como sindicatos y asociaciones de veteranos) no tienen ninguna prohibición de participar en actividades políticas. Luego de algunas reformas recientes, la prohibición "participar o intervenir [...] cualquier campaña política en favor de (o en oposición a) un candidato político" recae sobre organizaciones religiosas, educativas, de caridad, científicas y literarias, así como aseguradoras de salud. Resulta evidente, por lo tanto, que la legislación tenían en la mira, entre otros, a las iglesias y organizaciones religiosas.
¿Es beneficiosa o perjudicial la prohibición de hacer política desde el púlpito?
Desde aquel momento ha habido defensores y detractores de esta norma. En general, la derecha religiosa y los sectores más conservadores se han opuesto fieramente a la normativa. A continuación, un resumen de sus argumentos principales:
La norma viola la cláusula de aconfesionalidad del Estado, ya que requiere que el gobierno monitoree en forma constante e invasiva lo que se dice en las iglesias para asegurarse de que no se viola la restricción. El gobierno no debería determinar la diferencia entre un discurso religioso y uno político.
La norma viola también la cláusula de libertad de expresión, ya que requiere que el gobierno discrimine contra un tipo de expresiones basado únicamente en su contenido: determinados tipos de discursos están permitidos, mientras otros están prohibidos. Eso es inconstitucional.
Por último, la normativa viola la cláusula de libre ejercicio del culto, ya que coloca una carga indebida sobre el ejercicio de la religión sin una razón imperiosa que lo justifique.
Los defensores de la restricción a las actividades electorales realizadas desde el púlpito, por el contrario, brindan argumentos en favor de esta normativa:
En primer lugar, la restricción protege a las propias iglesias y congregaciones de un innecesario (y siempre nocivo) entrecruzamiento de la religión con las operaciones políticas.
La normativa protege además la integridad del sistema de exenciones impositivas y del sistema de financiamiento de los partidos políticos (un tema que en EEUU se trata con gran atención).
En definitiva, se entiende que la restricción para las iglesias es la misma que para otros tipos de organizaciones exentas de impuestos. En este punto, no se advierte por qué la religión debería tener un trato diferencial.
El caso Brassard v. Langevin en Canadá
Uno de los casos más curiosos en el largo debate sobre la posibilidad o no de que los religiosos influyan en las elecciones se dio en Canada, sobre finales del siglo XIX. Corría 1876 y en las elecciones para representante del distrito de Charlevoix (Quebec) se presentaba un candidato católico liberal llamado Pierre Tremblay. La jerarquía católica se hallaba en ese momento alineada con las enseñanzas del Vaticano que consideraba una herejía a las democracias liberales, se comprometió fuertemente en la campaña en contra de Tremblay. El obispo del lugar envió indicaciones a los cura locales, quienes desde el púlpito atacaron de manera violenta y orquestada al candidato liberal. Uno de los sermones decía que Tremblay y sus seguidores eran "hombres peligrosos, perseguidores de la fe, falsos profetas y falsos Cristos, serpientes venenosas buscando engañar al pueblo". Se sostenía también que si Tremblay ganaba, "el pueblo estaría amenazado por una resolución, que el Papa, los obispos y los curas serían llevados al cadalso y asesinados", de modo que cualquiera que lo vote "sería culpable de esos crímenes, y en el ahora de la muerte caería presa del remordimiento y la desesperación". Previsiblemente la gente de Charlevoix, un distrito rural de mayoría católica, votó por el oponente de Tremblay, el señor Hector Langevin. No obstante, los liberales impugnaron judicialmente las elecciones por la ilegítima intromisión de la Iglesia Católica en el proceso. Un año después, la Corte Suprema de Canadá anulaba la elección por la "indebida influencia" ejercida por los religiosos, y multaba a Langevin y sus agentes.
Clérigos regulares no. Todo los demás, si.
Aunque no haya existido un caso tan llamativo como el de Quebec, es indudable que la influencia católica en la política argentina (tanto en gobiernos democráticos como de facto) ha sido, y sigue siendo, enorme. Baste recordar que cuando el país se sumía en el caos social e institucional en 2001, luego de una sucesión de 5 presidentes en pocos días, se convocó a una mesa de consenso de diversos sectores políticos y sociales. La mesa, denominada "Diálogo Argentino", fue citada por la Conferencia Episcopal Argentina, y sesionaba en su sede.
No obstante esta notable influencia política de la Iglesia Católica en Argentina, sobrevive aún un artículo en la Constitución Nacional que prohíbe a los eclesiásticos regulares (es decir, a los clérigos que pertenecen a una orden religiosa católica) ser miembros del Congreso de la Nación. Probablemente el origen de esta norma sea el deber de obediencia que el eclesiástico regular tiene con su orden o congregación, lo que limitaría su autonomía. Esta norma, que ha sido fuertemente criticada -en especial por autores católicos-, proviene del texto original de 1853 y ha sobrevivido las diversas reformas constitucionales.
No existen otras limitaciones a la actividad política de los religiosos, como el caso que mencionamos de EEUU. Paradójicamente, la Corte Suprema estadounidense ha invalidado (por ser contraria a la primera enmienda) la prohibición de que los clérigos o ministros religiosos sean candidatos políticos.
Compromiso político vs. campaña electoral
La regla que prohíbe apoyar candidatos políticos desde el púlpito no ha impedido, sin embargo, que en las iglesias (y otros lugares de culto) se discuta abiertamente sobre las candidaturas, las propuestas y se hagan públicas las opiniones políticas de las diversas comunidades religiosas. Incluso los líderes religiosos pueden apoyar candidatos, siempre y cuando dejen en claro que su apoyo es a título personal y sin utilizar recursos de la congregación religiosa que goza de la exención impositiva. Desde ese punto de vista, la libertad de expresión no parece estar amenazada. De hecho, tras más de 60 años de aplicación de la norma, la IRS no ha quitado la exención impositiva a ninguna iglesia con fundamento en esta normativa.
Por otro lado, no inmiscuirse en campañas electorales parece una buena medida de protección para las propias comunidades religiosas, que de otro modo se verían pronto atrapadas en el juego de la política de intercambiar financiación (o cualquier otro tipo de ayuda) por apoyo a los candidatos. Adicionalmente, se evita el problema de trasladar las divisiones políticas al interior de las iglesias, lo que en sociedades tan divididas como la Argentina sería un problema no menor. En última instancia, el no apoyar candidaturas o partidos políticos desde el púlpito no implica que las iglesias no se comprometan con la realidad social, y formulen y defiendan su posición sobre los temas que importan en la sociedad. En todo caso la política es, o debería ser, mucho más que candidatos, partidos y elecciones.